Un 70% de la superficie Red Natura 2000 tiene un uso agrario
Eco- esquemas de la PAC
La agricultura y el medio ambiente están muy relacionados, aunque solo sea porque se trata de una actividad que se lleva a cabo en íntimo contacto con la naturaleza y los seres vivos. De hecho, en España, el 55% de la superficie agraria utilizada corresponde a Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural, y nada menos un 70% de la superficie declarada como parte de la Red Natura 2000 tiene un uso agrario.
Sin embargo, la agricultura puede llegar a alterar de una manera drástica el medio ambiente. Puede por ejemplo dejar huellas visibles en el paisaje al eliminar setos y bosquetes o al ocupar grandes extensiones con monocultivos. Pero existen también cambios apenas perceptibles, que se aprecian a largo plazo, que obligan a los agricultores a enfrentarse a problemas derivados de la alteración de los ritmos propios de la naturaleza como pueden ser el agotamiento y salinización de acuíferos, la contaminación por nitratos o la pérdida de suelo debida a la erosión.
Los responsables de diseñar las políticas agrarias de la Unión Europea son conscientes de las profundas interrelaciones existentes entre la agricultura y el medio natural donde se practica. Y aunque parece obvio que ambas deberían ir de la mano para lograr la ansiada sostenibilidad, no siempre resulta fácil llevar a cabo las medidas necesarias.
La complejidad de la PAC
Y no es de extrañar. Una política común a 27 países, sometida a todas las reglas y vaivenes que impone el comercio internacional, tiene además que adaptarse a muy distintas maneras de producir en un momento en el que comienzan a hacerse evidentes las primeras consecuencias del cambio climático.
Actualmente la política agraria común (PAC) se basa en dos pilares complementarios; a grandes rasgos se podría decir que "el primer pilar" incluye las ayudas directas al agricultor, mientras que el "segundo pilar" se centra en las ayudas al desarrollo rural. Las ayudas directas engloban distintos tipos de pagos que da la Unión Europea a los agricultores por mantener o trabajar la tierra. Un grupo ayudas que ha ido ganando cada vez más importancia es el conocido como "greening", destinado a compensar a los agricultores que llevan a cabo prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Por su parte, los Programas de Desarrollo Rural (PDR) contemplan medidas adicionales ligadas a las necesidades concretas del territorio, de las cuales algunas son de carácter ambiental. Independientemente del tipo de medidas al que quiera optar el productor, este tiene además que cumplir con la Condicionalidad, que establecen un conjunto de normas básicas agronómicas, de carácter ambiental e incluso de salud pública.
Un paso más, los "eco-esquemas"
Ya se está trabajando en cómo será la PAC a partir del 2020; de hecho en junio de 2018 la Comisión Europea anunció los planes para esta próxima etapa. Planes que conservan los elementos esenciales de la PAC actual pero también suponen un cambio profundo en la manera de diseñar los instrumentos de ayuda a los agricultores. Se pasa de un modelo prescriptivo (basado en el cumplimiento de normas comunes establecidas desde Bruselas) a un modelo de evolución del rendimiento, más orientado a conseguir resultados concretos.
Para esta nueva PAC, se amplían y refuerzan las medidas de condicionalidad incorporando aspectos del "greening", el cual pasa a ser sustituido por los llamados ‘eco-esquemas’. Será responsabilidad de los Estados miembros decidir si quieren desarrollar uno o más eco-esquemas, su contenido y el presupuesto que asignarán a cada uno. Por su parte, los agricultores y ganaderos que se incorporen voluntariamente a estos eco-esquemas asumirán una serie de compromisos que van más allá de lo establecido por la normativa ambiental por los que, lógicamente, recibirán un incentivo económico.
Gestión de las ayudas para los "eco-esquemas"
Los fondos destinados para financiar estos eco-esquemas procederán de los asignados a los pagos directos, pertenecientes al primer pilar de la PAC. Podría pensarse que existe cierta duplicidad con las medidas agroambientales, financiadas a cargo del segundo pilar, aunque también hay claras diferencias: estas últimas están cofinanciadas por los Estados miembros, pueden acceder a ellas personas que no son necesariamente profesionales agrícolas, las tierras no están sujetas a criterios de elegibilidad y los compromisos duran más tiempo – cinco años frente a uno en los eco-esquemas. En ambos casos se compensará al agricultor por los gastos o la pérdida de beneficios derivados de asumir el compromiso ambiental, aunque en el caso de los eco-esquemas también se prevé la posibilidad de hacer pagos directos.
Así, con este nuevo cambio de giro se espera dotar de mejores herramientas a los Estados miembros para afrontar los retos ambientales y climáticos particulares que afectan a cada uno, al menos en el campo de la agricultura y la ganadería, que no es precisamente pequeño.